Opinión
06/04/2017
CONTRALÍNEA | Gabriela Gallegos Ávila*

En ley de Protección, siguen legislado para “taparle el ojo al macho”

CONTRALÍNEA | Gabriela Gallegos Ávila*
(Primera Parte)

En los últimos días, dirigentes de algunas organizaciones de periodistas de la capital del estado, se pronunciaron por la revisión de la mal llamada Ley Estatal para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, por considerarla “carente e inefectiva para la seguridad personal y el ejercicio libre de la profesión”.

Con esa justificación, solicitaron al Poder Legislativo el “replanteamiento” urgente de la Ley.  Días después celebraron una reunión en “petit comité” con el Jefe del Ejecutivo, quien refrendó ante los comunicadores “su respeto irrestricto a la libertad de expresión y garantías para el ejercicio periodístico”.

Una segunda reacción se dio en el Congreso del Estado, con la presentación de una iniciativa que “reforma y adiciona” algunas disposiciones de la Ley en comento, por parte de la diputada  priista, Alma Marina Vitela Rodríguez.

El entrecomillado es mío, porque no me queda claro si lo que  presentó al pleno puede considerarse una reforma, cuando no advierte en lo más mínimo el espíritu de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de México.

Pero, ese no sólo es problema de esta diputada, también lo fue de la anterior legislatura y en concreto de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien con su mayoría lacerante en la Comisión de Gobernación, dejó sin efecto la iniciativa que entonces presentaron los diputados del PAN, PRD, PT y MC.

Pero en honor a la verdad, los yerros no solo estuvieron en la cancha de los legisladores, también existieron en la de los periodistas y comunicadores, quienes poco se interesaron en la construcción de la ley y cuando lo hicieron, estaba prácticamente dictaminada y en el pleno.

Hace dos años, tal vez de buena fe, algunos dirigentes de organizaciones de periodistas se reunieron para compartir el pan y la sal con los legisladores que atendían el tema, y eso fue suficiente para que los parlamentarios justificaran el “consenso”  de los periodistas y de los directores para sacar la Ley.

Sin embargo mintieron, porque al paso de los días, tanto directores como dirigentes de asociaciones de periodistas, negaron que los encuentros hubieren sido para “cabildear” el contenido de la Ley.

Y cuando se sintieron descubiertos, el diputado priista, Rozauro Meza Sifuentes, entonces Presidente de la Comisión de Gobernación, se atrevió a equiparar a los periodistas con delincuentes para justificar la ausencia de consulta para construir la Ley Estatal para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Su argumento fue: que cuando se reforma el Código Penal, no se cita a los delincuentes para pedirles su opinión y eso –dijo- no vulnera el proceso legislativo.

En esta segunda vuelta, con todo respeto a mis pares y en una opinión puramente personal, considero que quienes representan a las organizaciones de periodistas deben cuidar las formas y, más que nada, se adentren al estudio de la ley vigente y la iniciativa de reforma que ahora se incorpora al proceso legislativo.

Porque los periodistas y comunicadores de Durango no necesitamos una ley que simule proteger los derechos de los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos, necesitamos una ley garante.

Porque hoy, sólo tenemos una Ley Estatal para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de nombre, porque en su contenido plantean como objetivo “establecer la normatividad local  y de cooperación del Estado con la Federación” y el resto es un “corta y pega” de espanto que los lleva a confundir como periodista a un medio de comunicación. Ellos nunca distinguieron entre una persona física y una moral, por decir lo menos.

Su principal pifia está en su objetivo, que ignora el garantizar los derechos humanos de los defensores y periodistas, tampoco establece medidas de prevención y mucho menos crea el mecanismo de protección que obligue al Estado a cumplir con su responsabilidad de proteger, promover y garantizar el respeto a los derechos humanos de defensores y periodistas en la entidad.

Por el contrario, se erige como juez y parte al establecer como órgano garante una coordinación de enlace que depende de la Secretaría General de Gobierno, porque es bien sabido que el índice mayor de agresiones a los periodistas  y defensores de derechos humanos proviene de los órganos estatales y no de los poderes fácticos.

Deja de lado la tutela de los derechos de periodistas y defensores e ignora el contenido del artículo 31 de la  nueva Constitución de Durango, y el 29 que le da su contexto en los términos que marca la Constitución General de la República.

¿Será acaso que los constructores de leyes en Durango no saben el significado de la supremacía de la ley?  o, más simple, que ninguna  ley secundaria puede estar por encima de nuestra carta magna.

Si no saben, consulten al Doctor en Derecho, José Rosas Aispuro Torres

No creo que les cobre la consulta…

 

 

 

Twitter: @GabyGallegosA

Facebook: Gabriela Gallegos Avila

E Mail: gaby_gallegos60@hotmail.com

 

*Enlace en Durango de la Casa de los Derechos de Periodistas, A.C.

Miembro del Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

 

 

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